Ciudadanía sorda argentina

VivianaPor Viviana Burad,

Mendoza, 2011.

Sección: Artículos, cultura sorda.

 

Introducción

El objetivo de este análisis es abordar y describir algunas situaciones relacionadas con las personas sordas con el objeto de que sean consideradas y respetadas en tanto ciudadanos de pleno derecho.

Para realizar esta reflexión se resaltarán algunos reclamos del grupo sordo argentino en relación a dos temáticas. Por una parte, el derecho a la igualdad y la discriminación inversa o positiva cuya aplicación favorecería a este colectivo. Por otro lado, el derecho a la participación ciudadana que pretenden ejercer específicamente en la elaboración de las leyes referidas a su comunidad según sus necesidades jurídicas actuales.

El respeto del Estado y de la ciudadanía oyente hacia este grupo, mediante la aplicación efectiva del derecho a la igualdad y a la participación ciudadana, podrían permitir el mejoramiento paulatino de sus condiciones y de su calidad de vida.

Al hacer mención a la participación ciudadana y a la igualdad real y efectiva, aparece necesariamente el concepto de ética cívica. Esta comprende un mínimo de valores que comparte una sociedad pluralista para que todos puedan convivir en un marco de respeto.

Para Adela Cortina (1995), profesora de la asignatura Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, esos mínimos que componen la ética cívica son la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia activa o respeto activo y el diálogo.

La libertad puede ser entendida de dos formas. Por un lado, como autonomía moral, en el sentido de que cada persona es libre de querer unas cosas y no otras, siempre que no dañe a los demás. Por otra parte, como autonomía política, para que cada ciudadano pueda participar activamente en la vida pública del estado.

La igualdad, en tanto igualdad de oportunidades, permite que se alcancen unos mínimos materiales y unas mínimas condiciones sociales y culturales para desarrollar una vida digna.

La solidaridad hace referencia a la acción para apoyar al menos favorecido con el objeto de que desarrolle su autonomía.

La tolerancia activa mejor denominada respeto activo, -en oposición a una tolerancia pasiva o a un respeto pasivo que produce indiferencia-, constituye una actitud humana positiva que permite la convivencia dentro de un entendimiento mutuo y de un intercambio de experiencias de vida.

Por último, el diálogo, que constituye una forma pacífica de resolver los conflictos que se producen en la convivencia plural. Esta actitud dialógica puede evitar la violencia, el resentimiento, el odio y los deseos de venganza.

En este sentido, explica la autora, la aplicación de la ética cívica, en tanto ese mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad comparten, permite que se pueda llevar a cabo proyectos de vida siempre que no imposibilite la concreción de las aspiraciones y los propósitos del Otro.

Pablo Gentili (2000:29,30,31) explica la diferencia entre dos formas de entender la ciudadanía. Por un lado, como condición legal, desde una perspectiva formalista. Por otra parte, en tanto actividad deseable, desde una perspectiva sustantiva.

La primera implica la pertenencia a una comunidad política en la que sus individuos son portadores de derechos. Los derechos configuran la ciudadanía y las instituciones deben garantizar el ejercicio de los mismos. En este sentido, ciudadanía y posesión de derechos se observan como sinónimos. Esta forma de entender la ciudadanía limita al ciudadano a un conjunto de atributos formales que es el reconocimiento de sus derechos restringiendo y condicionando sus posibilidades. Se reduce una cuestión política a una cuestión jurídica proponiendo una ciudadanía pasiva, es decir, el individuo se vuelve ciudadano en la medida en que el Estado le concede derechos.

Desde la perspectiva sustantiva, la posesión de derechos se articula con atributos y virtudes que hacen de los individuos ciudadanos activos más allá de los derechos que la ley les reconozca o conceda y esa ciudadanía se construye socialmente dentro de un espacio de valores, acciones e instituciones comunes que integran a los individuos permitiendo ser reconocidos como miembros de una comunidad. La ciudadanía es entonces, en este sentido, una práctica política fundamentada en valores: la libertad, la igualdad, la autonomía, el respeto por la alteridad, la solidaridad y la desobediencia a poderes totalitarios. Esta forma de entender la ciudadanía es un concepto que permite el desarrollo de un proceso activo y participativo y hace al ejercicio de la ciudadanía plena.

Así las cosas, en este estudio, los puntos en cuestión son dos. En primer lugar, intentar un razonamiento respecto del principio de igualdad y su aplicación al colectivo sordo. Por otra parte analizar cómo este pretende que se respete su participación ciudadana y si el Estado está permitiendo que la comunidad sorda, históricamente súbdita y subordinada, ejerza su carácter de ciudadano pleno, aceptando su activa participación.

Quién es el Estado

Se puede decir que existen dos sujetos distintos del poder. Por un lado, aquellos que lo ejercen y por ello tienen la capacidad de decidir sobre las conductas de otros. Por otra parte, aquellos sobre quienes se lo ejerce y que ven determinada, a raíz de esto, su capacidad de obrar.

Dentro del ámbito político, el primer grupo es el gobierno conformado por gobernantes que constituyen la minoría mientras que el segundo es el pueblo o población, constituido por la mayoría de los ciudadanos. Se trata de los detentadores del poder y los destinatarios de ese poder respectivamente.

Sin embargo, a raíz de los valores que incorpora la ética cívica, esta ecuación tiende a transformarse, como se verá a medida que se avance en la lectura de este análisis.

En el Estado argentino, los poderes constituidos son tres: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cada uno de estos con sus funciones básicas de legislación, ejecución y jurisdicción judicial, respectivamente. Pero, la cuestión no es tan simple, ya que entre estos existe un complicado entramado de relaciones mutuas de diversa índole e importancia, funciones de coordinación y de control recíproco.

El hecho de disminuir o neutralizar la marginalidad social en la que se encuentran los grupos excluidos, los sectores postergados, las minorías desprotegidas, es tarea del Poder Ejecutivo. Mientras que dictar leyes apropiadas para lograr este fin, es responsabilidad del Poder Legislativo. Favorecer e implementar gestiones rápidas y adecuadas para la resolución de los conflictos judiciales es competencia del Poder Judicial mediante el dictado de decisiones imparciales, cuyo único compromiso debe ser con la ley, al interpretarla y aplicarla, y en un estado de derecho, precisamente son los jueces quienes pueden fijar límites a los demás poderes, ordenar que cumplan sus funciones y a su vez, hacer lo propio brindando una gestión eficaz y eficiente.

Pero los órganos del Estado, aún cuando detentan el poder, deben ejercerlo según los límites y prescripciones dispuestos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que conforman la Ley Suprema de la Argentina.

Si el Estado, en la ejecución de sus acciones, prioriza el respecto al pluralismo, esto significa que toda la sociedad, aún teniendo ideales diferentes, comparten unos mínimos morales que son, por definición, innegociables, ya que constituyen valores y normas a los que nadie puede renunciar sin hacer dejación de su propia humanidad.

La igualdad del colectivo sordo y la aplicación de la discriminación inversa o positiva

Al hacer referencia a los actos del Estado relacionados con el grupo sordo, aparece necesariamente el concepto de igualdad que no implica ni es equivalente a la homogeneidad.

Adela Cortina (1995) explica que igualdad no significa igualitarismo. Igualdad quiere decir, para esta autora, lograr para todos los ciudadanos iguales oportunidades para desarrollar sus capacidades corrigiendo las desigualdades naturales y sociales y hace referencia también a la ausencia de dominación de unos hombres sobre otros a raíz del respeto al principio de autonomía.

La sola mención del concepto de la igualdad hace aparecer la imagen de los derechos humanos ubicados en la agenda de los líderes sordos en un lugar prioritario.
Tanto es así que durante el Primer Congreso Nacional de Sordos, uno de estos líderes argentinos, Pablo P. Lemmo, -oriundo de Córdoba, perteneciente a una familia multigeneracional de sordos-, se dirigió a su comunidad reunida en esta oportunidad de manera multitudinaria y dijo:

– “… Lo primero que quiero preguntarles a todos los sordos argentinos es ¿Qué necesitamos? ¡Derechos Humanos! … Por supuesto que todo ser humano tiene derecho a escuchar, pero también tiene derecho a ser sordo … “ (Lemmo, 2002:1).

Los derechos humanos son aquellos que protegen a la persona por el solo hecho de ser tal, sin distinciones de ningún tipo y válidos en todo momento y lugar. Estos aseguran el mantenimiento de una calidad de vida digna, garantizando la equiparación de derechos para todos y ningún otro instrumento normativo, ninguna acción de dar, hacer u omitir por parte de los Estados o personas públicas o privadas, deben contradecir sus principios.

Entre los derechos humanos, se encuentra el derecho a la igualdad y en forma específica, el derecho a la igualdad jurídica, a la igualdad de oportunidades, a la diferencia, a la no discriminación negativa, a la información y a la comunicación, a la honra, a la dignidad, a la identidad y al pluralismo, a la identidad personal y cultural y el derecho a la seguridad jurídica, entre muchos otros.

Dentro de este marco, la igualdad elemental consiste en asegurar a todos los hombres los mismos derechos pero teniendo en cuenta algunos presupuestos de base a saber: a) que el Estado remueva los obstáculos sociales, culturales, políticos, económicos que pudieran limitar de hecho la igualdad de los seres humanos; b) que mediante esta remoción de obstáculos se logre un orden social y económico justo que permita igualar oportunidades que favorezcan el desarrollo integral de la personalidad; c) que se promueva el acceso efectivo al goce de los derechos personales para todos los hombres y para todos los sectores sociales.

Específicamente, en relación a la igualdad jurídica, explica el jurista argentino doctor Germán Bidart Campos (1998) que esta consiste en eliminar discriminaciones arbitrarias o negativas entre las personas e importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara a los Otros.

Además, dice el especialista, en coincidencia con Adela Cortina, que igualdad no significa igualitarismo ni es equivalente a homogeneidad ya que existen diferencias que deben tomarse en cuenta para no incurrir en otorgar un trato igual a los desiguales.

Los principios y valores éticos demuestran cuál es el sentido actual que se le atribuye al derecho a la igualdad jurídica real y efectiva y para que esta exista, hay acciones positivas a concretar por parte del Estado que implican prestaciones de dar y de hacer a favor de la igualdad.

Así, cuando se introduce en un tratado internacional sobre derechos humanos o en cualquier texto jurídico, -sea este la Constitución de un Estado, una ley nacional y/o provincial, entre otros-, el verbo promover, significa que se debe adoptar y ejecutar políticas activas que impulsen el acceso a la igualdad real y efectiva.

En relación al alcance de la igualdad, Germán Bidart Campos (1998:533) textualmente dice: “a) la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones; b) esto implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias; c) la regla de la igualdad no es absoluta, ni obliga al legislador a cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración; d) es la obligación de igualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro … del grupo … que les corresponda, evitando distinciones arbitrarias u hostiles; e) la razonabilidad es la pauta para ponderar la medida de la igualdad, con lo que queda entendido que el legislador puede … otorgar un trato diferente entre los habitantes, a condición de que el criterio empleado para discriminar sea razonable; f) las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias, y por arbitrarias han de estimarse las que carecen de toda razonabilidad, las persecutorias, las hostiles, las que deparan indebidos favores o privilegios …”.

Dentro de estos conceptos queda inserta la llamada discriminación inversa, o si se quiere, discriminación positiva, que se opone a la discriminación arbitraria o negativa.

Esta última es la que constituye la negación de la igualdad, y por ello los tratados sobre derechos humanos le otorgan este carácter de arbitrariedad, ya que actualmente se pretende favorecer no solo la igualdad, sino también el pluralismo, el derecho a la identidad y a las diferencias.

Respecto de la discriminación inversa o positiva, Bidart Campos (1998:535) explica que en algunas circunstancias resulta jurídicamente válido favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras si mediante esa discriminación inversa o positiva se procura compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre algunas personas, -en este caso las personas sordas-, que con la aplicación de la discriminación inversa se benefician.

Se denomina precisamente discriminación inversa o positiva porque tiende a superar la desigualdad discriminatoria del sector perjudicado a raíz del mencionado relegamiento.

Las medidas de acción positiva a las que se refieren los tratados sobre derechos humanos prevén la aplicación de la discriminación inversa o positiva para favorecer a aquellos grupos que se encuentran en desigualdad de condiciones, como ocurre en el caso del colectivo sordo.

Estas normas internacionales, cuando utilizan la palabra discriminación, de manera explícita, están haciendo referencia a la discriminación negativa o arbitraria de manera específica, lo que significa concretamente, toda distinción, exclusión o restricción que sufra una persona o un grupo humano, a raíz del padecimiento de alguna limitación física y que además produzca el efecto o tenga el propósito de impedir o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Además, estos tratados dejan claramente establecido lo que no significa discriminación negativa o arbitraria, determinando expresamente lo que en este estudio se menciona como discriminación inversa o positiva: toda distinción o preferencia que adopte un Estado con el objeto de promover la integración social y/o el desarrollo individual de las personas con limitaciones físicas. Como puede observarse, los tratados sobre derechos humanos prohíben tratarlas de un modo desigual.

Por otra parte, la igualdad jurídica implica la igualdad de todos los hombres ante el Estado, ante el derecho, ante la ley, ante los órganos jurisdiccionales y ante la administración pública. Pero esta igualdad jurídica no se produce cuando los órganos de poder no utilizan la misma regla para todos los ciudadanos al otorgarle a un grupo lo que se le niega a otro en iguales circunstancias.

Para ejemplificar lo dicho, en la República Argentina se ha garantizado a los pueblos autóctonos, a nivel constitucional y mediante varias leyes nacionales, el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural mientras que la población sorda argentina, al menos hasta el momento, no ha logrado ni el reconocimiento ni la explicitación de estos mismos derechos ni a nivel de la Carta Magna ni en la legislación nacional. Es decir, se le ha otorgado derechos constitucionales y nacionales al grupo aborigen que se encuentran actualmente negados al grupo sordo, siendo que ambas comunidades tienen circunstancias lingüísticas y culturales análogas.

Por otro lado, la identidad personal hace referencia al modo en que un ser humano vive su vida, la forma mediante la que es él mismo, la manera en la que se presenta ante la sociedad como el que es para que así se lo reconozca y se lo respete. Por ello, cada hombre se distingue de cualquier otro ya que es una unidad irrepetible y única, diferente a todos y esa imagen de la identidad personal se proyecta y se traslada hacia los demás.

Este derecho a la identidad se correlaciona con el derecho a la diferencia o a ser diferente, para que a cada ser humano se lo respete y se lo preserve por lo que hay en él de distinto respecto de los Otros, resguardando precisamente de este modo su identidad. En este sentido, subyace en estos, el derecho a la igualdad.

Sobre el mismo ejemplo anterior, como consecuencia de los tratados internacionales, ambos derechos, -a la identidad y a la diferencia-, también fueron reconocidos expresamente a los pueblos autóctonos a nivel constitucional en la Argentina. Nuevamente, se otorgó al grupo aborigen lo que se le niega al grupo sordo en similar situación.

Así, el derecho a la igualdad de oportunidades, de posibilidades y de trato y a la no discriminación arbitraria o negativa, se entiende precisamente como garantes de la identidad, de la diferencia y del pluralismo, ya que no hay igualdad real cuando no se tienen en cuenta estos aspectos.

Es decir que el principio de igualdad pretende equiparar a quienes se hallan en similares situaciones contemplando con respeto y de manera distinta, mediante la aplicación de la discriminación inversa o positiva, a quienes se encuentran en circunstancias disímiles.

Además de lo mencionado anteriormente, existen también los llamados derechos implícitos, que como su nombre lo indica, comprenden aquellos que no fueron concretamente explicitados en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Dentro de la categoría de los derechos implícitos algunos especialistas consideran que quedan alojados los siguientes derechos: a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la dignidad general, a la identidad personal, a ser diferente, al honor, al nombre, a elegir y desarrollar el propio proyecto personal de vida auto referente, a la información y a la comunicación, a la tutela judicial efectiva, a la cultura, a la seguridad jurídica, a la calidad y nivel de vida dignos.

Los derechos implícitos incluyen también los llamados derechos difusos, colectivos o de pertenencia difusa y los derechos de incidencia colectiva en general. Los derechos difusos son aquellos cuya titularidad no es individualizable sino que pertenecen a todos en tanto miembros de la humanidad.

Germán Bidart Campos considera que si en forma arbitraria alguien negara determinados derechos a las personas con limitaciones físicas, -como en este análisis a las personas sordas-, precisamente dentro del amplio margen de los derechos implícitos, se hallan comprendidos aquellos que las protegen.

En síntesis, la discriminación inversa o positiva constituye toda distinción o preferencia que adopte un Estado con el objeto de promover la integración social o el desarrollo individual de las personas con alguna limitación física. Se denomina precisamente discriminación inversa o positiva porque tiende a superar la desigualdad producida por la discriminación negativa o arbitraria que perjudica a un sector, -en este caso el colectivo sordo-, y resulta jurídicamente válido favorecerlo en mayor proporción que a otros, si mediante la aplicación de esta discriminación inversa o positiva se puede compensar y equilibrar la marginación, el relegamiento o la desigualdad que recae sobre este.

Las tan mentadas medidas de acción positiva a la que se refieren los tratados internacionales sobre derechos humanos prevén precisamente la utilización de este principio para beneficiar a aquellos que se encuentran en desigualdad de condiciones, como ocurre con la comunidad sorda.

Solo las discriminaciones negativas o arbitrarias son las que constituyen la negación de la igualdad y las que el Estado debería evitar situándose dentro de un marco de eticidad y respeto hacia los derechos humanos elementales de la población sorda.

El ejercicio de la ciudadanía sorda

El médico psicoanalista Fernando Stern (2005:213) define al ciudadano como aquel “perteneciente a” que “goza de derechos políticos e interviene ejerciéndolos en el gobierno del país”.

Sobre esta base, la participación ciudadana hace referencia a la integración de todos en el proceso de toma de decisiones del Estado. Para esto, quienes ejercen y detentan el poder, necesitan ser abiertos y receptivos, dispuestos a prestar atención y a comprender lo que los ciudadanos expresamente peticionan en un intento de contribuir a mejorar la calidad de vida, permitiendo su intervención en la gestión de los asuntos públicos respecto de los problemas que los afectan, aportando sus experiencias y proponiendo soluciones.

En este sentido, la participación ciudadana, es el acto de intervenir en la vida pública y puede entenderse también como aquellos mecanismos o procesos que promueve un Estado para impulsar el desarrollo de la democracia participativa integrando a los ciudadanos al quehacer político. Así, la población comparte con el Estado la toma de decisiones sin que sea necesaria su incorporación a un partido político o al Estado mismo.

Pero si el poder del Estado es total y el de los gobernados es casi nulo, la intervención de la ciudadanía se torna difícil. Sin embargo, en un Estado democrático, los ciudadanos no son súbditos ni subordinados sino sujetos de pleno derecho con capacidad para participar en las decisiones del Estado y precisamente este debería estimular la democracia participativa para permitir transformaciones positivas que favorezcan el progreso humano.

La participación ciudadana puede estimularse de tres formas. Por un lado, informando y formando a la ciudadanía en este sentido. En segundo lugar, convocándola para realizar consultas específicas y teniendo en cuenta sus opiniones o sugerencias abriendo así una etapa de diálogo entre el Estado y los ciudadanos. Por último, invitándola a participar de manera concreta en la gestión para tomar de decisiones conjuntas.

En el caso en estudio, los líderes del colectivo sordo pretenden participar en la elaboración de sus derechos, -ya que conocen por su propia experiencia cuáles son sus necesidades jurídicas actuales y qué pretenden para su futuro grupal-, ejerciendo la participación ciudadana que le corresponde y el Estado debería ofrecer garantías para que esto suceda.

Las organizaciones de la sociedad civil, en esta situación específica, las instituciones de sordos, quieren ser informados sobre las decisiones que va a tomar el Estado en relación a ellos y a su vez acercarle las inquietudes y necesidades del grupo que protegen y defienden, para tomar determinaciones conjuntas concretando de este modo la participación ciudadana de todo su colectivo.

Para ejemplificar lo dicho, se rescata el mensaje de María Rosa Druetta, -actual presidenta de la Confederación Argentina de Sordomudos CAS, proveniente de una familia multigeneracional de sordos cordobeses-, expresado durante el Primer Congreso Nacional de Sordos realizado en Buenos Aires en 2002:

“¡En la Argentina existen tantas leyes para los discapacitados! Muchas de esas leyes nosotros ni las conocemos, ni sabemos que existen porque nunca nos informan o porque no averiguamos. O tal vez sabemos que existen pero no las entendemos, no las usamos, o simplemente no son las adecuadas para los sordos. ¿Qué debemos hacer? Buscar, rescatar, recopilar leyes existentes. Estudiarlas. Investigarlas. Ver si hay necesidad de reformarlas. Confeccionar anteproyectos de leyes que expresen nuestras necesidades y los Derechos de las Personas Sordas en la sociedad para luego presentarlos ante quien corresponda … ” (Druetta, M, 2002).

Esta expresión permite tomar conciencia de la intervención activa que los líderes del colectivo sordo pretenden tener frente al Estado cuando este se aboca a legislar. Además está haciendo referencia implícita a uno de los derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos establecido en el artículo 39 de la Carta Magna: el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Pero si el Estado los ignora, no los convoca a un diálogo en una conversación cara a cara sobre sus experiencias de ser sordos y sus necesidades actuales, solo se seguirá favoreciendo la vulnerabilidad, la desventaja y la marginación de este grupo que no quiere seguir siendo ciudadanos de segunda categoría.

De acuerdo con Carlos Skliar (2008b), la responsabilidad del Estado es crear un marco en el cual sea posible la conversación mostrando un gesto ético que permita invertir las condiciones de desigualdad.

Como puede observarse, el grupo sordo con sus líderes al frente, ha asumido un nivel de compromiso y ha iniciado también la lucha por el derecho a una sociedad pluralista y participativa, por conseguir un espacio de respeto hacia sus derechos humanos elementales y esto implica necesariamente la transformación del Estado.

Los dichos vertidos en 2004 por la entonces prosecretaria de la Asociación de Sordos de Mendoza Beatriz Pellegrini sobre la ley provincial de igualdad de oportunidades para las personas sorda a través del uso de la lengua de señas, resultan ilustrativos:

“En el año 2000 la asociación (se refiere a la Asociación de Sordos de Mendoza ASM) y AMILSA (Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina) preparamos un anteproyecto de ley. Recuerdo que fuimos todos a la Cámara de Senadores donde se aprobó. Después fuimos a la Cámara de Diputados y allí también se aprobó. Estábamos muy contentos y festejamos por este logro. Luego la ley pasó a la Casa de Gobierno y … no se aprobó. … no había plata (para implementarla).” (Burad, 2007:126 en Castilla, 2007)

Por su parte, otro líder sordo, Edgardo Blas Jofré, sobre la misma norma y en el mismo año manifestó:

“Sobre la ley de educación en lengua de señas yo recuerdo que el gobierno la rechazó porque no había presupuesto y además no quería el modelo bilingüe en la educación de los sordos. Nos dimos cuenta que ellos estaban ofendidos porque nosotros primero fuimos a la Cámara de Senadores y ellos querían que hubiésemos ido primero a la Dirección General de Escuelas y después a Senadores. Además en ese momento el gobierno era (del partido) radical y el Senador … que hizo la ley, era (del partido) peronista. Había rivalidad (partidaria) entre ellos, celos, estaban ofendidos. Ahora la ley está cajoneada.”

Tal como lo expresan los testimonios anteriores, en el año 2000, las dos instituciones provinciales referidas, -Asociación de Sordos de Mendoza y Asociación Mendocina de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina-, presentaron un anteproyecto de ley ante un senador provincial que tenía como eje vertebrador el modelo socioantropológico o sociolingüístico que observa a la población sorda en tanto comunidad lingüística minoritaria.

Sobre esta base, el anteproyecto se orientaba al logro de tres puntos fundamentales: en primer término el reconocimiento jurídico de la lengua de señas argentina en Mendoza; en segundo lugar, la implementación de la educación bilingüe bicultural en lengua de señas argentina – lengua española; en tercer término, al derecho de las personas sordas a ser asistidos por intérpretes en todos los ámbitos.

Este anteproyecto, -relativamente corto y concreto pero con una amplia fundamentación-, fue recibido por el senador provincial que demostró buena predisposición hacia la comunidad sorda mendocina. Sobre ese texto, que había sido presentado con la firma de aproximadamente ochenta personas sordas de Mendoza, se hicieron modificaciones, agregados y ampliaciones, dentro del área interna del Senado.

Ya conformado como proyecto de ley, fue remitido a las distintas comisiones especializadas en una temática. Entre ellas, la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo. También ingresó a la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Técnica. Esta última lo devolvió con distintas observaciones y a raíz de esto, fue revisado. Una vez cumplidos los requerimientos solicitados, adhirió a la sanción del proyecto. El proyecto ingresó también a la comisión relacionada con la salud, entre otras.

Cada una de estas realizaba las modificaciones y/o agregados o devoluciones a origen, que conforme a su área, consideraba pertinentes. Cumplidos estos largos trámites internos, con observaciones, remisiones y devoluciones y nuevas remisiones, observaciones y devoluciones, logró ser presentado ante la Cámara de Senadores en sesión pública donde fue aprobado por unanimidad.

A esta altura de los acontecimientos, ya se habían recibido varias adhesiones en apoyo a este proyecto de ley no solo de Argentina sino también de México y Uruguay.

Posteriormente, fue remitido a la Cámara de Diputados de Mendoza donde también siguió un riguroso trámite interno, ingresando a las distintas

comisiones, con sus observaciones, modificaciones y devoluciones respectivas. Además, la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara Baja solicitó la opinión de diferentes instituciones de Mendoza relacionadas con la temática. También brindaron su opinión los especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. Para la fecha de este dictamen (16/08/01), el proyecto ya contaba con media sanción otorgada por el Senado. Así, la dirección del Profesorado de Grado Universitario en Sordos y Terapia del Lenguaje y especialistas del cuerpo docente remitieron su opinión técnica realizando varias sugerencias interesantes para mejorar el proyecto. Sobre estas, la Asesoría de la Cámara de Diputados se reunió con el autor del proyecto para trabajar nuevamente los cambios propuestos.

También se solicitó la opinión de organismos estatales especializados en educación, quienes enviaron por escrito su posición al respecto. Cumplido también este proceso, el proyecto fue presentado en sesión pública ante la Cámara Baja. Posteriormente, con las últimas modificaciones realizadas en el Senado por el autor del proyecto, se envió nuevamente a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue aprobada en general y en particular el 18 de febrero de 2002 y devuelta a la Cámara de origen.

Finalmente, la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto por unanimidad, en presencia de la comunidad sorda mendocina que estaba observando la sesión.

La ley se registró bajo el número 6992 y cumplidos los requisitos formales, fue enviada al Poder Ejecutivo de Mendoza y ya dentro de este ámbito, remitida al área educación.

Al enterarse de esto, un grupo numeroso de sordos y oyentes pertenecientes a las asociaciones referidas, se hicieron presentes ante el entonces Director General de Escuelas para explicar la situación lingüística de las personas sordas y solicitar la aprobación de ley. Precisamente fue aquí donde se obtuvo un dictamen desfavorable que produjo su rechazo.

De todos modos, al llegar la ley a la gobernación, el texto ya no era el originalmente presentado, a raíz de los trámites descriptos anteriormente y los diferentes dictámenes de las comisiones antes referidos.

Por todo lo sucedido, tal como consta en el expediente 40424 del Senado de Mendoza, -iniciado el 28/06/00 y finalizado en marzo de 2002-, por Decreto número 343 del 27 de marzo de 2002, la ley fue vetada por el gobierno provincial. Uno de los fundamentos de oposición fue que el cumplimiento efectivo de esa norma resultaba imposible a raíz de la crisis financiera que atravesaba el Estado, -tal como explicaron Beatriz Pellegrini y Edgardo Blas Jofré en sus respectivos testimonios-, y además se sugería trabajar articuladamente con la universidad para generar investigaciones en este campo del conocimiento.

Así las cosas, con algunas otras indicaciones expresadas en el veto, la ley se devolvió a la Legislatura donde fue destinada al archivo bajo el número de carpeta 270.

La comunidad sorda mendocina sintió el rechazo de la norma como un fuerte fracaso social, como un desinterés por parte de las autoridades gubernamentales hacia sus necesidades diferentes de comunicación ya que ella entiende que negarle o restringirle su derecho lingüístico es un acto de discriminación negativa y arbitraria.

No obstante, Mariana Martínez, en 2004, para entonces secretaria de la Asociación de Sordos de Mendoza, plasmó su fuerza de lucha en la siguiente entrevista:

“ … seguimos luchando para que la lengua de señas se oficialice y ese es el punto más importante, lo que más necesitamos los sordos: que se respete nuestra lengua. En segundo término pienso que hay que modificar la educación de los sordos para que todos puedan leer el español, entenderlo y profundizar sobre esto. Que el uso de la lengua de señas esté en aumento no significa que el sordo tenga que ser analfabeto en español. Yo quiero que haya un equilibrio. Se sigue luchando para que haya una nueva ley, para que tengamos derecho a ser asistidos por intérpretes.”

De esta expresión puede extraerse claramente la participación activa y la responsabilidad que asumen actualmente los líderes del colectivo sordo frente al estado en defensa de sus derechos, aunque en esta oportunidad, no fueron comprendidos.

Tres años más tarde, a raíz de la insistencia del grupo sordo, la ley fue desarchivada y modificada en los aspectos sugeridos por el área de educación de la gobernación. Así, otra vez a la luz, ambas cámaras legislativas otorgaron nuevamente su voto unánime y esta vez, por fin, fue aprobada por Decreto Número 1322 del gobierno de la provincia fechado el quince de julio de dos mil cinco (15/07/05). Esta ley provincial fue registrada bajo el número 7393.

Si bien esto constituye un pequeño logro a favor de la comunidad sorda mendocina, ya que le otorga reconocimiento jurídico a la lengua de señas, incorpora la figura del intérprete como un derecho y ordena la implementación de la educación bilingüe bicultural para los niños sordos, el texto tomó otras dimensiones que no eran las pretendidas originariamente. No obstante este pensamiento, la protección jurídica que se buscaba se consiguió y gracias a esto, la lengua de señas argentina en Mendoza adquirió un nuevo estatus jurídico, juntamente con la figura del intérprete y la educación bilingüe bicultural.

Sin embargo, aunque la ley actualmente se encuentra en vigencia, todavía no ha sido formalmente reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial.

Por otro lado, en Noviembre de 2003, se organizó el II Congreso Nacional de Sordos Argentinos en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna fue defender sus derechos y salvar a los niños sordos de la falta de seguridad jurídica.

Aquí se reiteró que la Confederación Argentina de Sordomudos, -CAS-, solicitaría a los organismos oficiales y gubernamentales el reconocimiento de esta entidad como máxima autoridad del grupo sordo argentina con el objeto de que le fueran derivados para su análisis, todo lo relacionado a las personas sordas, antes de su aprobación. Claramente puede observarse la participación ciudadana que se viene reclamando.

Si bien, ente 2006 y 2007, dentro del Poder Legislativo de la Nación, existieron al menos cuatro proyectos de leyes nacionales para la población sorda, -1) “Ley sobre reconocimiento de la lengua de señas” (expediente 844-S-06); 2) “Ley de Reconocimiento Oficial de la Lengua de Señas Argentina (LSA), Libertad de Expresión y Derecho a la Información de las Personas Sordas”; 3) otro proyecto registrado en el expediente 2736-D-2007; 4) otro tramitado en el expediente número S-1506/06-, es conveniente que el Estado, en atención a la democracia participativa y respetando a la ciudadanía sorda, solicite la opinión de la Confederación Argentina de Sordomudos, tal como sus autoridades lo reclaman en carácter de agrupación nacional líder de personas sordas en el país.

Se quiere significar con esto que aún cuando el Estado que ostenta la potestad de sancionar leyes, esté predispuesto a otorgarle derechos a esta comunidad, solo las personas sordas adultas, y en especial sus líderes, pueden decir y determinar con claridad y precisión cuáles son sus necesidades jurídicas actuales. De aquí surge la importancia de la consulta institucional que permita el ejercicio de su participación ciudadana ya que precisamente ellos y solamente ellos tienen la experiencia de lo que significa ser sordo.

Además de lo dicho, durante los días 09 y 10 de junio de 2007 se realizó en Buenos Aires la Primera Cumbre Nacional de Personas Sordas denominada “Lengua, Herencia y Cultura. Patrimonio Lingüístico: un tesoro a preservar”. Esta fue auspiciada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre otros.

El objetivo de este evento fue estimular la movilización y la unión de la comunidad sorda argentina para lograr la preservación y la protección de la lengua de señas del país.

En esta oportunidad se hizo presente el noventa y cinco por ciento de los representantes de las instituciones de personas sordas de la Argentina cuyas autoridades firmaron una declaración con el fin de ser elevada al gobierno nacional juntamente con un anteproyecto de ley de este nivel para proteger sus derechos lingüísticos y culturales.

Tan trascendente fue este evento para la comunidad sorda que de obtener una respuesta afirmativa del Estado propondrían recordar el 10 de junio el “Día de la independencia de las personas sordas argentinas”. Esto no pudo lograse como se verá más adelante.

Por otra parte, el 28 de septiembre de ese mismo año, en gran parte de los países del mundo y también en toda la Argentina, la comunidad sorda, liderada a nivel internacional por la Federación Mundial de Sordos, realizó una movilización reclamando el reconocimiento oficial de la lengua de señas y de su patrimonio cultural, solicitando su protección. En esta oportunidad vistieron remeras negras para simbolizar los espacios negados, el rechazo y la distorsión de su lengua. A esta manifestación también se sumaron personas oyentes, intérpretes, docentes y familiares de personas sordas.

Previo a la realización de este evento la Confederación Argentina de Sordomudos comunicó de manera masiva el siguiente mensaje:

“Hola a todos! Queremos comunicarles la noticia acerca del trabajo que esta realizando la CAS por el proyecto de Ley Nacional de LSA. Este año, el 28 de Septiembre, a nivel mundial, se realizará una marcha a favor de las Lenguas de Señas. En cada País del mundo todas las Personas Sordas, amigos y familiares oyentes, se concentraran en un lugar público desde las 14:00 hs. hasta las 16:00 hs. con remeras negras y portando velas. Dicha iniciativa se debe a que las Personas Sordas reclaman proteger la Lengua de Señas ya que, sistemáticamente, están siendo dañada y/o extinguida por la sociedad debido a los avances de la tecnología, el oralismo y varios métodos más que realmente distorsionan nuestra Cultura. Nuestra Cultura es única e insustituible. Para ello, en la Argentina, la CAS ha organizado una marcha pacífica para el 28 de Septiembre en la Plaza del Congreso de las 14:00 hasta las 16:00 hs. solidarizándonos con todas las Personas Sordas del Mundo, y, aprovechando la ocasión, se llamará a todos los medios de difusión como una manera de mostrar a la sociedad que existimos tal como somos. Es necesario la presencia de todos ustedes, sus amigos y familiares oyentes, todos con remeras negras y llevando velas. Allí mismo en el Palacio del Congreso la CAS elevará el Proyecto de Ley para que sancionen con fuerza de Ley la LSA como IDIOMA de las Personas Sordas que habitan en todo el Territorio Argentino tal como lo hemos aprobado en la Cumbre Nacional de Personas Sordas. Asimismo solicitamos que las Personas Sordas del Interior del País organicen también una marcha pacífica en la sede de su Organismo Gubernamental (Casa de Gobierno, Legislatura o donde les parezca mejor) y allí podrán decir que se solidarizan con la CAS por la presentación ante el Congreso del Proyecto de Ley para la LSA. Recuerden que se deberá filmar la marcha para que la CAS pueda tenerlo como documento y mostrar al mundo que la Argentina también puso su granito de arena. ‘Sin nuestro IDIOMA no tenemos DERECHOS HUMANOS’. EL 28 DE SEPTIEMBRE TODOS A LA PLAZA DEL CONGRESO EN DEFENSA DE LA LSA” (Druetta, 2007).

Tal como había sido acordado, el día previsto y a la hora señalada en Buenos Aires, el grupo sordo movilizado por la Confederación Argentina de Sordomudos organizó su marcha bajo el lema “Sin nuestro idioma no tenemos derechos humanos” y aprovechó la oportunidad para presentar ante las autoridades de gobierno un anteproyecto de ley nacional con el objeto de lograr el reconocimiento de la lengua de señas usada por la comunidad sorda argentina, en tanto constituye su patrimonio cultural y lingüístico, solicitando también se considerara a la confederación el organismo líder que representa y nuclea a todas las entidades de personas sordas del país, y a su vez, se la reconozca como el órgano de contralor y consultor en las temáticas referidas a las personas sordas.

Para ejemplificar las movilizaciones provinciales adheridas a la nacional y mundial, se mencionan dos casos, uno de la provincia de Córdoba y otro de Mendoza, realizadas el mismo día y a la misma hora dispuesta por la Federación Mundial de Sordos y la Confederación Argentina de Sordomudos.

La comunidad sorda cordobesa reclamó a su gobierno local el cumplimiento de la ley provincial número 8.690 del 06 de agosto de 1998 denominada “Garantías de igualdad de oportunidades para discapacitados auditivos”. Mientras que la comunidad sorda mendocina solicitó la debida reglamentación y cumplimiento efectivo de la ley local registrada bajo el número 7.393 del 15 de julio de 2005, “Igualdad de oportunidades para las personas sordas mediante el uso de la lengua de señas argentina”, especialmente respecto de la implementación de la educación bilingüe bicultural para los pequeños sordos de la provincia.

Ni el anteproyecto de ley nacional presentado por la confederación ni lo solicitado por estas dos provincias tuvo una respuesta afirmativa del Estado, por lo menos hasta ahora.

Obsérvese lo que sucedió posteriormente.

Un ex diputado nacional, presentó un proyecto de ley sobre el reconocimiento de la lengua de señas que consiguió media sanción en 2008. La Confederación Argentina de Sordomudos al tener noticia de esto manifestó su desacuerdo por considerar, en primer término, que la institución no había sido consultada y que se trataba de un proyecto que solamente contenía tres puntos. Como se explicó anteriormente, en 2007, la entidad nacional ya había presentado ante el Congreso Nacional su propio anteproyecto de ley, -que contiene cinco puntos-.

Esto provocó una polémica importante, sostenida en el tiempo, de manera virtual y presencial con el ex diputado nacional ya que los líderes sordos se constituyeron en su despacho para dialogar sobre el tema y explicar su posición al respecto. En ese encuentro se explicitaron las decisiones que la colectividad sorda había tomado en la Primera Cumbre Nacional de Personas Sordas realizada en 2007 y que como entidad líder, tenían el derecho y el deber de cuidar y preservar la lengua de señas argentina y de respetar las decisiones tomadas por unanimidad en esa oportunidad donde se firmó una declaración que las plasmó por escrito. Se manifestó también que la confederación ya había presentado ante las autoridades correspondientes en 2007 su propio anteproyecto.

Ante la negativa de modificar el proyecto del ex diputado de acuerdo a lo que la institución de sordos requería, la confederación tomó una postura oficial: su rechazarlo y oposición, lo que se informó a toda la comunidad sorda argentina de manera virtual mediante videos producidos en lengua de señas argentina.

Las diferencias entre el proyecto del ex diputado nacional y el ante proyecto de la confederación se explican a continuación en ese orden.

1) El proyecto que obtuvo media sanción en la cámara baja en 2008 contenía tres artículos: “Artículo 1.- Reconócese en todo el territorio de la Nación Argentina la lengua de señas, comunicación viso-gestual, como idioma hablado por la comunidad sorda e hipoacúsica; Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto la remoción de barreras comunicacionales a fin de equiparar las oportunidades de las personas sordas e hipoacúsicas; Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

2) El anteproyecto de la Confederación Argentina de Sordomudos (2007) contiene un articulado de cinco puntos, -sobre los que se subrayarán las diferencias fundamentales-, a saber: “Artículo 1: La Lengua de Señas usada por la Comunidad Sorda dentro del territorio de la República Argentina es patrimonio cultural y lingüístico de las personas sordas; Artículo 2: La Comunidad Sorda del territorio de la República Argentina constituye una minoría lingüística y cultural. A ella pertenecen todas las personas sordas, incluidas aquellas que sean miembros de otras minorías lingüísticas y culturales. La Comunidad Sorda ha desarrollado una lengua transmitida en una modalidad viso-gestual-espacial-manual, como sistema lingüístico estructurado de unidades relacionadas entre sí y que posibilita la cohesión cultural entre sus miembros; Artículo 3: Los miembros de la Comunidad Sorda como minoría lingüística tienen derecho a: a) usar la Lengua de Señas en privado y en público; b) relacionarse y asociarse con otros miembros de su comunidad lingüística; c) mantener y desarrollar la propia cultura; d) promover acciones de capacitación, formación e investigación de sus miembros en pro de la preservación de su Lengua y cultura; e) disponer de los medios necesarios para asegurar la transmisión y la proyección de su propia lengua; f) organizar y gestionar los recursos propios con el fin de asegurar el uso de su lengua en todas las funciones sociales; g) codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover su sistema lingüístico sin interferencias inducidas o forzadas; Artículo 4: Se considerará a la Confederación Argentina de Sordomudos, organismo que representa y nuclea a las entidades de Sordos del país, como órgano contralor, consultor y de registro de las instituciones de enseñanza y divulgación de la Lengua de Señas; Artículo 5: La presente ley es de carácter operativo”.

El carácter operativo de una ley hace referencia a que no requiere de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Sobre esta situación concreta caben, al menos, cuatro preguntas a analizar. La confederación, en representación del colectivo sordo ¿pretendió ejercer el derecho a la participación ciudadana? ¿utilizó los medios adecuados? ¿pudo lograrlo? ¿por qué?

El proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Nación no pudo prosperar, pero no por la oposición y el rechazo de la Confederación Argentina de Sordomudos, sino porque no alcanzó a ser discutido por la Cámara de Senadores en los tiempos establecidos, lo que produjo que el proyecto perdiera estado parlamentario en diciembre de 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=B03mnuy_jWU&feature=player_embedded).

Todo lo dicho son ejemplos del nivel de responsabilidad y compromiso que los líderes de la comunidad sorda han asumido para que el Estado tome conciencia de sus existencia, de sus necesidades actuales y permita su intervención.

Como puede observarse, el colectivo sordo ya tiene elaborado su propio proyecto de vida para satisfacer las necesidades de sus miembros, para modificar el escenario social y político y para concretarlo, ha asumido un rol protagónico, responsable y reclama su participación ciudadana. El Estado ¿ha organizado un espacio para que esto pueda lograrse? ¿ha reflexionado sobre la pretensión de intervención de la comunidad sorda en las temáticas relacionadas a ellos?

Conclusión

Si una sociedad es totalitaria, no hay lugar para poner en práctica la ética cívica, ya que el grupo que ostenta y ejerce el poder, impone a otro colectivo, – en este caso al grupo sordo-, su ideal de vida, y en el caso de que no lo comparta, este último se ve coaccionado a aceptarlo. Este totalitarismo produce, indefectiblemente, la exclusión de la comunidad menos favorecida, que reacciona frente esto, se fortalece y lucha para que se la reconozca como sujeto de pleno derecho.

Es decir que para lograr un espacio de libertad y de convivencia pacífica, se hace imprescindible la presencia de un Estado que garantice la seguridad jurídica de tal forma que la sanción de las leyes, su aplicación a casos concretos y los actos de gobierno se subordinen a los principios y valores que establece la ética cívica, renunciando a la imposición forzada. Esto solo puede hacerse efectivo dentro de un marco de respeto y en un diálogo con el grupo sordo para que no siga quedando relegado, como ha ocurrido históricamente, y sean reconocidos como ciudadanos de pleno derecho. Para conseguirlo, el Estado necesitaría incorporar el concepto moral de autonomía. Si esto ocurre, este último no estará legitimado para imponer al colectivo sordo, un ideal de vida, y las decisiones que tome, no pueden excluir su consentimiento.

Así, la aplicación de la ética cívica permitiría que esta comunidad se posicione en una situación de igualdad y ejerza su carácter de ciudadano tomando determinaciones de manera conjunta con el Estado, evitando de esta forma que éste decida por ella sin su participación e imponiendo sus resoluciones. Estos valores que conforman la ética cívica, lejos de ser una abstracción, han sido plasmados en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Dentro de este marco, el concepto de ciudadanía se ubica en el extremo opuesto al de exclusión social y un proyecto político que permita el ejercicio de una ciudadanía plena de las personas sordas incluye dos puntos centrales. Por un lado, la democracia participativa. Por otra parte, el desarrollo humano de este colectivo.

En este sentido, la ciudadanización de los excluidos implica la apertura del espacio público democrático a sus problemáticas para logar un desarrollo integral, sustentable e inclusivo (García Delgado – Nosetto en http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Por%20una%20Ciudadania%20Pl ena.pdf).

Entonces, la idea de ciudadanía plena, alude a la igualdad de derechos y obligaciones y a la igualdad de hecho donde no hay espacio para la exclusión ni para distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda clase, lo que implica que toda la sociedad pueden gozar de derechos sociales, políticos, económicos, culturales y lingüísticos para disfrutar una buena calidad de vida.

De lo expuesto puede advertirse que lo que están reclamando los líderes del colectivo sordo es la aplicación a su caso específico de estos valores que conforman la ética cívica, -plasmados en los derechos humanos-, esto es la libertad o autonomía de su grupo, la igualdad real de trato y oportunidades, la solidaridad del Estado, su tolerancia activa o respeto activo y el diálogo entre ambos.

Los líderes de la comunidad sorda ya han tomado decisiones internas al respecto. Por un lado, tienen el propósito de defender su derecho a la igualdad y de hecho puede beneficiarse a este grupo mediante la aplicación de la discriminación inversa o positiva. Por otra parte, pretenden ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho ejerciendo su participación activa en la gestión y en las decisiones que el Estado toma en relación a su situación.

Este último, no tiene un poder infinito, sino que debe ejercerlo dentro de un marco de eticidad y según los límites y prescripciones que le impone la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y en estos subyace el pluralismo que se hace presente en la sociedad cuando aún teniendo ideales diferentes, se comparten unos mínimos morales innegociables que constituyen valores y normas a los que la comunidad sorda no puede renunciar sin hacer dejación de su propia humanidad.

Así, estos pensamientos invitan a que el Estado garantice las circunstancias básicas para que el colectivo sordo pueda concretar sus planes de vida, sobre la base de los valores sustentados por la ética cívica. Pero para que esto pueda lograrse, necesitaría respetar el principio de autonomía. Si así lo hace, ya no podría imponer al grupo sordo un ideal de vida y las decisiones que tome no podrían excluir su consentimiento. Debería también respetar el principio de solidaridad, para que este colectivo se libere de su categoría de súbdito, de subordinado, de ciudadano de segunda categoría e ingrese plenamente a la sociedad en su carácter de ciudadano y sujeto de pleno derecho.

De los propios dichos de los líderes sordos se puede elaborar una imagen mental de su situación, tomar conciencia de algunos reclamos y de la pretensión que tienen de producir cambios concretos que favorezcan sus condiciones y su calidad de vida individual y grupal.

La visión positiva que estos líderes han formado sobre el colectivo sordo, los impulsa a debatir, a cuestionar, a tomar decisiones y a pretender que se reconozcan sus derechos a la igualdad y a su participación ciudadana. Pero

esto solo puede hacerse concretamente efectivo si existe la voluntad política del Estado de conformar efectivamente y en los actos, una sociedad pluralista.

Parafraseando a Fernando Stern, el grupo sordo no puede avanzar frente a un Estado soberbio que produce su exclusión dilapidando ese capital social. La comunidad sorda no puede avanzar frente a la soberbia de un Estado que la percibe como un riesgo, como una amenaza. El colectivo sordo no puede avanzar frente a la soberbia estatal que no convoca al diálogo, que no observa desde lo expuesto por sus manos, sus proyectos de vida comunitaria y sus necesidades jurídicas actuales.

La comunidad sorda, entonces, podrá lograr su progreso grupal e individual, si y solo si el Estado respeta esos valores mínimos que conforman la ética cívica, que son a su vez la base de la dignidad humana y de los derechos elementales. Si esto sucede, será un paso adelante para empezar a romper la asimetría en la que se ha visto históricamente sumergida.

 

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